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Todas las apuestas que se leen por estas horas aseguran que el gobierno reunirá los votos necesarios para que el Senado sancione por ley el esquema de retenciones actual. A tal punto muchos lo dan por cierto que un conspicuo operador ya anda dando sugerencias de cómo litigar ante los tribunales. Y celebramos este giro republicano e institucional de Adriancito: la decisión sobre la legalidad de una ley recae, necesariamente, en los jueces.

Sin embargo, no todos han dado el mismo tono al asunto. Otros han optado por decir que si se rechaza el proyecto oficial "reaparecerá la confianza"; quiere decir que la confianza en las instituciones es condicional a la satisfacción de reclamos sectoriales concretos.

Algún tiempo atrás, aquí decíamos que una victoria en sucesivas votaciones legislativas no va a arrimar la solución al conflicto porque los protagonistas del entuerto no están preocupados por la salud de la división de poderes; sino en imponer (o, quizás mejor, evitar que el Estado intervenga en) un patrón de distribución de las rentas. Hoy, como entonces, vemos remoto que la sola sanción legislativa solucione el conflicto; la ampliación de la base política que en aquel posteo veíamos como una puerta de salida jamás ocurrió.