Una constitución para Bolivia

Los hechos son (muy probablemente) por todos bien conocidos: en Sucre, algunos días atrás, el bloque masista y sus aliados aprobaron, con un dudoso ajuste a los procedimientos establecidos, el índice del texto de la nueva constitución boliviana; ahora resta la aprobación artículo por artículo. La oposición no tomó parte en la votación, ocurrida en un recinto cerrado, aislado de las protestas callejeras por un fuerte operativo de seguridad. El saldo de la represión en las calles ha sido, hasta el momento en que se escriben estas líneas, de cuatro muertos, pero el número de heridos de gravedad sugiere que la cifra aun puede modificarse. Cualquiera sea el lado por el que se lo mire, la imagen que transmiten las formas de esta aprobación preliminar no parece ajustarse demasiado a la base de consensos que requieren los pactos constitucionales.

En la elección de constituyentes, hace ya más de un año, el MAS obtuvo el 50.7% de los votos y 136 de los 255 representantes que componen la Asamblea (53.3%). No caben dudas que el apoyo obtenido en las urnas implica un fuerte mandato popular en favor del proyecto político articulado por Evo Morales, en especial cuando uno piensa que la democracia boliviana se había acostumbrado a vivir con gobiernos de minorías desde los tempranos '80 hasta la irrupción de Morales. Sin embargo, en política todo tiene un pero. Y el Coronel tiene dos.

Por un lado, el gobierno masista no encontró cómo transformar ese apoyo electoral en una coalición efectiva en el recinto, lo cual es un problema al momento de tomar decisiones colectivas cuando las reglas requieren la aprobación mediante mayorías agravadas y el número de votos obtenido no constituye en sí una super-mayoría. La predicción de Riker sería que la necesidad de tomar decisiones conduciría a la formación de mínimas coaliciones ganadoras, en este caso pactando con el centro político y en consecuencia moderando el producto final (léase, la constitución sancionada). No obstante, el masismo ha intentado forzar las reglas de juego a fin de eludir los acuerdos y alcanzar esa coalición mínima sólo con sus representantes, descalificando los disensos planteados por la oposición y en consecuencia radicalizando el panorama político.

Arrollar a los partidos minoritarios en la actividad legislativa regular, como si no representaran a nadie (o como si sólo representaran a la oligarquía, lo que en el discurso convencional de la izquierda latinoamericana equivale a decir "a nadie que valga la pena respetar"), es algo que no sólo refleja poco apego al debate democrático, sino que también genera muchos estímulos en los derrotados para estigmatizar y, en la medida que una futura coyuntura lo permita, revertir la legislación sancionada. Sin embargo, esto se agrava cuando lo que se va a sancionar serán las reglas que regirán por muchos años la vida política de una sociedad. En términos normativos, la estabilidad es una propiedad fundamental de una constitución; no obstante, nada asegura que tal propiedad sea finalmente alcanzada. Arrollar a los partidos minoritarios pone en duda la utilidad de la reforma en la medida que condena al texto constitucional a una anunciada caducidad. Por caso, todo parece indicar que esto ha ocurrido en el caso ecuatoriano, que está por sancionar una nueva constitución y van...

Por otro lado, las tensiones que han irrumpido entre dos modelos cosmovisionales diferentes promete conducir a un callejón sin salida. La aparición de los movimientos indígenas como actores cruciales en la región a lo largo de las últimas décadas han supuesto un desafío para los modelos de democracia aceptados en la Modernidad. En particular, al Coronel le llama la atención (y, digámoslo, también le preocupa) la tensión entre los modelos de justicia indígena comunitaria propuestos y el concepto de Derechos Humanos (o, para volver a la jerga de la Revolución francesa, con los Derechos del Hombre). La satisfacción de algunos "reclamos" indígenas, tal como la introducción de castigos físicos o de legislación incompatible con el principio de igualdad (ante la ley y de género, por ejemplo), claramente va en contra de los fundamentos mínimos de la democracia moderna. No obstante, el Coronel no nota mucha preocupación en el pensamiento progresista bienpensante porteño, ni mucho menos.

Recuerdo un viejo fragmento del Criador donde, tras afirmar con ironía que "al lado de Evo, Blumberg es garantista", se llamaba la atención sobre el mismo fenómeno: a la intelectualidad progre se le está haciendo difícil apreciar al gobierno de Evo más que como un exotismo que puede estar bien para países como Bolivia, pero -oh, horror- no para uno mismo. ¿O acaso nos parece bien darle latigazos a un boliviano pero mal a un argentino? Diría Marx: los latigazos no tienen patria. Si está mal acá, está mal allá también. El oscurantismo ritorna...

Todo esto no significa, de modo alguno, discutir la introducción de un patrón multiculturalista en el diseño constitucional boliviano. Las naciones multiétnicas, que incluyen ejemplos muy civilizados como Canadá, Suiza o Bélgica, usualmente admiten múltiples patrones culturales. Sin embargo, la pregunta está en dónde está el límite. Más allá de dónde sitúe esa línea el Coronel, se trata de un debate abierto, en el que queda mucho camino por recorrer.